El 6 de julio de 2006, Alfredo Marcenac, nuestro hijo, fue asesinado por Martín Ríos, legítimo usuario de armas de fuego, quien disparó contra un grupo de personas que caminaba por la calle Cabildo en Capital Federal. Hirió también a otras 11 personas. Era el cuarto ataque de este asesino: la primera vez disparó contra un colectivo, la segunda, contra personas que estaban sentadas en una confitería y la tercera contra un tren. Todos los hechos fueron cometidos en la misma zona, pero no se investigaron o se investigaron mal.
Antes y después del crimen de Alfredo, se puso de manifiesto la ausencia, ineptitud y la falta de responsabilidad del Estado para proveer seguridad y justicia a la ciudadanía. Antes, porque el RENAR autorizó a un potencial asesino la tenencia de armas de fuego, sin evaluar sus condiciones psíquicas violentas y la fiscalía no hizo ninguna investigación seria sobre los tres ataques anteriores que cometió el asesino. Y después del crimen, porque tanto la evaluación pericial como el proceso judicial, estuvieron plagados de errores y trampas que permitieron que Ríos fuera declarado inimputable. Lo grave es que detrás de este hecho que parece ser individual, se esconden dos problemas sociales muy graves que pueden afectar a muchas otras personas en nuestro país: la ausencia de políticas públicas en materia de armas de fuego y la incapacidad del sistema judicial argentino para impartir justicia. El primero, porque la falta de control de las armas de fuego ocasiona 7-8 muertos y más de 35-40 heridos por día. Y el segundo, porque deja desamparadas a las víctimas ante hechos graves como los homicidios, sin encontrar o condenar a los culpables. Porque cuando el control del Estado no funciona y el sistema judicial tampoco, el caos social y la justicia por mano propia se convierten en una amenaza preocupante y posible.
El dolor por la ausencia de Alfredo fue, es y será para siempre nuestro, pero la responsabilidad por este crimen y tantas muertes provocadas por el descontrol de las armas de fuego en nuestro país, fue, es y será del Estado y de sus funcionarios. Al respecto, es oportuno mencionar que pocos son los legisladores de los distintos bloques políticos que han mostrado interés y voluntad para ocuparse de este tema central para la seguridad democrática.
A 15 años del crimen de Alfredo, la Justicia no hizo nada por él ni su familia y el Estado está en deuda con la ciudadanía respecto del control de las armas de fuego.
FAMILIA MARCENAC
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